MEDIO: eldinamo.cl
"Para las organizaciones de la sociedad civil organizada el reconocimiento del derecho a la participación ciudadana requiere mecanismos claros y garantías explícitas para poder ejercerlo plenamente".

Derechos Humanos y participación ciudadana
Francis Valverde Mosquera

Por Francis Valverde Mosquera


Directora ejecutiva ACHNU. Representante proyecto Asocia 2030

Cada 27 de enero se rememora el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, instancia que nos invita a reflexionar acerca de los hechos ocurridos en el marco de la Segunda Guerra Mundial y que fueron tan brutales que impulsaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en 1948 por la ONU, para recordarnos que la simple condición de pertenecer a la especie humana otorga derechos y libertades que deben ser cuidados y respetados por todos y todas.

Además del derecho a la vida, a la libertad, la seguridad de la persona, o la protección ante la discriminación, la carta fundamental también contempla el derecho a la participación, el cual es visto por la sociedad civil organizada como un pilar fundamental, sin el cual no hay posibilidad de ejercicio de ningún derecho.

En Chile, la ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública establece la participación en la gestión pública como un principio de la administración del Estado.
Sin embargo, este marco normativo es visto por la sociedad civil como un instrumento legal fragmentado y débil, que no logra instalar la participación ciudadana como un derecho transversal dentro del ordenamiento jurídico chileno.

Para las organizaciones de la sociedad civil organizada el reconocimiento del derecho a la participación ciudadana requiere mecanismos claros y garantías explícitas para poder ejercerlo plenamente.

Por ello garantizar la participación ciudadana, requiere un cambio constitucional, cambiando las prácticas políticas que la actual constitución ha configurado, particularmente en la manera en que se concibe y ejerce el poder, para dar pie a un nuevo orden que garantice mecanismos de participación abiertos y vinculantes entre la ciudadanía y las instituciones del Estado.